Legalidad de los Registros y allanamientos de acuerdo al Derecho Constitucional

noviembre 27, 2011 en 9:40 pm | Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

La Constitución de Puerto Rico consagra como tema principal respecto a la legalidad de los Registros y allanamientos lo siguiente:No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.No se interceptará la comunicación telefónica.Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.

La Cuarta Enmienda de la Constitución protege a un individuo de allanamientos e incautaciones injustificadas relativas a su persona o propiedad. Un allanamiento puede involucrar una inspección de la persona, su entorno o propiedad y la incautación se refiere a mantener a la persona o propiedad bajo custodia policial. Generalmente, pero no siempre, una incautación inválida es aquella que fue precedida por un allanamiento inválido.

En muchos casos de drogas, el arresto y la evidencia utilizada para respaldar una convicción, generalmente es el resultado de un allanamiento e incautación. Sin embargo, si la conducta del gobierno violó los límites constitucionales, la evidencia puede ser considerada inadmisible y los cargos podrían desecharse o existiría la imposibilidad de probarlos. Un abogado penalista experimentado de Jose M Quinon, P.A. en Miami, Florida, puede ayudar a sus clientes a determinar si la evidencia que condujo a un cargo por drogas, podría ser el resultado de un allanamiento o incautación inapropiada y responder todas las otras preguntas relativas al proceso de justicia penal en casos de drogas.

Técnicamente, un “allanamiento” no se realiza a menos que la investigación invada la privacidad de una persona. Por ello, generalmente no se realiza un allanamiento si la policía encuentra una bolsa con drogas en una acera o asomándose en el bolsillo de alguien. Por otra parte, si busca en un cajón del dormitorio para encontrar la misma bolsa con drogas, ello usualmente conducirá a un allanamiento. La diferencia está en la “expectativa razonable de privacidad” involucrada. Si alguien tiene una expectativa razonable de privacidad en un área de su persona o propiedad (como en una casa o vehículo), la investigación de esa área por parte de la policía se considera un allanamiento. Si no existe tal expectativa o si ésta no es razonable, no se realizará ningún allanamiento.

Los allanamientos realizados de conformidad con una orden emanada de un juez generalmente se consideran razonables, a menos que la orden de allanamiento se haya obtenido de manera inapropiada. Una orden de allanamiento debe describir el área a ser allanada y qué es lo que la policía está buscando. El allanamiento debe ser razonable con respecto a la evidencia buscada. Por ejemplo, si la policía menciona que está buscando un vehículo, pueden mirar en un garaje, pero no podrá registrar una caja de herramientas que se encuentre en el garaje. La evidencia reunida gracias a un allanamiento apropiado, generalmente se puede incautar si se relaciona con un delito que está siendo investigado.Los allanamientos también pueden ser válidos si se realizan con el consentimiento de alguien que tenga control de la propiedad, no necesariamente el dueño. Sin embargo, durante un arresto no es necesario tener el consentimiento de alguien; la policía puede allanar al arrestado y su entorno inmediato, con el objeto de buscar armas o evidencia que pudiese ser destruida. Siguiendo un razonamiento similar, la policía puede buscar sin una orden cuando el allanamiento es necesario para evitar la eliminación o destrucción de evidencia. Esta es una excepción al requerimiento de la orden de allanamiento comúnmente utilizada. La policía también podría efectuar un allanamiento para proteger al público de un peligro inminente, como la colocación de una bomba o la fuga de los delincuentes.

Ha habido una seria disputa respecto a la restricción del desplazamiento de alguien o “detención” de las personas por parte del gobierno (generalmente la policía). Las interacciones de la policía con los individuos van desde una detención para efectos de investigación a un arresto completo. Mientras más se restringe la libertad de la persona cuando la policía interactúa con ella, menor es el nivel de sospecha exigido por la policía para involucrarse en esa interacción. Por ejemplo, si la policía se limita a detener a alguien para hacerle preguntas, todo lo que generalmente se requiere es que la policía tenga sospechas razonables de que se ha cometido un delito o de que la persona necesita ayuda. Si no hay control y una persona realmente queda en libertad de marcharse, no existe la detención. Sin embargo, en muchos casos en los que la policía detiene a una persona, esa persona tiene una percepción razonable de que no tiene la libertad de marcharse.

Si una persona es objeto de una detención, como por ejemplo un arresto, al igual que un allanamiento, ese arresto se puede efectuar de conformidad con una orden. Como una orden es un documento emanado de un tribunal donde se autoriza el arresto o allanamiento, al existir una orden la detención es presuntamente válida. Sin embargo, la presunción de validez a veces puede superarse. Por ejemplo, una orden puede ser inválida si se obtiene en base a declaraciones falsas o engañosas ante el juez. Si la policía no contaba con una orden, la responsabilidad de demostrar que las circunstancias justificaban la detención recae en ellos. En la mayoría de los casos, la policía tendrá que demostrar una “causa probable”, es decir, la creencia razonable de que se ha cometido o se iba a cometer un delito y que la persona detenida estuvo involucrada en éste.

Si un arresto u otra detención de la persona son inválidos, ésta debe ser puesta en libertad. Si la policía obtuvo evidencia como resultado de un arresto ilegal, a las autoridades también podría prohibírseles utilizar esa evidencia en el juicio de la persona en base a la “regla de exclusión”. Esta regla también se aplica a la evidencia que se obtuvo como resultado de un allanamiento inválido.

La policía puede efectuar un allanamiento legítimo a la propiedad y las personas e incautar la propiedad y detener a la persona, con o sin una orden, si las circunstancias justifican sus acciones. Sin embargo, si actúan sin una causa probable o exceden los límites constitucionales con sus acciones, tanto los allanamientos como las incautaciones y detenciones pueden considerarse inválidas y cualquier evidencia resultante podría contaminarse y, por ello, ser inadmisible. Si ha sido acusado de un delito relacionado con drogas y tiene dudas respecto a si la policía podría haber violado sus derechos de allanamiento e incautación o detención, comuníquese de inmediato con abogados expertos en derecho penal. Material provisto por la firma de abogados Thomson Businnes.

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